Exigen esclarecer 12 denuncias relacionadas con gestión de Iván Ortega en el ICHIFE; piden revisar también su paso por la Universidad de Paquimé

Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado sobre contratos de infraestructura educativa generan cuestionamientos sobre la rendición de cuentas del exfuncionario. La ausencia de una investigación adicional no debería sustituir el esclarecimiento de las irregularidades detectadas.

CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.— La situación administrativa del exdirector del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), Luis Iván Ortega Ornelas, abre un debate sobre la obligación de las autoridades fiscalizadoras de esclarecer las irregularidades detectadas durante su gestión, particularmente ante la existencia de 12 denuncias penales relacionadas con contrataciones de obra pública.

La revisión de la Cuenta Pública 2024 realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó observaciones vinculadas con procesos de contratación, documentación presentada por empresas participantes y posibles incumplimientos de requisitos establecidos en las convocatorias.

Entre los señalamientos se encuentran presuntas inconsistencias en documentos fiscales, administrativos y de seguridad social utilizados para acreditar la capacidad de contratistas que participaron en procedimientos de adjudicación de obras educativas.

La información difundida sobre la fiscalización señala que fueron examinados expedientes correspondientes a 27 procedimientos de contratación, de los cuales se derivaron 120 contratos relacionados con infraestructura educativa.

La revisión también identificó observaciones sobre documentación que presuntamente no coincidía con los registros de las instituciones emisoras, así como inconsistencias en requisitos que debían cumplir las empresas participantes.

La existencia de estas observaciones exige distinguir entre responsabilidades administrativas, posibles delitos y señalamientos que todavía requieren una determinación de las autoridades competentes.

También debe aclararse su gestión en la Universidad Tecnológica de Paquimé

Los cuestionamientos sobre la trayectoria administrativa de Ortega Ornelas no se limitan al ICHIFE.

Durante su desempeño como rector de la Universidad Tecnológica de Paquimé surgieron denuncias relacionadas con procedimientos de adjudicación de obras de infraestructura, por una inversión reportada de aproximadamente 8 millones 467 mil pesos.

Entre los proyectos señalados se encuentran la construcción de un gimnasio, una barda perimetral, un domo y trabajos de pavimentación del estacionamiento universitario.

Las denuncias solicitaron revisar la documentación contractual y determinar si las adjudicaciones se realizaron conforme a la legislación aplicable. No se ha acreditado públicamente una resolución definitiva que establezca responsabilidad personal del exrector por estos hechos. CorresponsalesMX

Los antecedentes hacen pertinente que las autoridades informen si esos expedientes fueron concluidos, si existen observaciones pendientes y cuáles fueron los resultados de las revisiones.

Exigen conocer montos, contratistas y responsabilidades

Uno de los puntos centrales es determinar el valor económico de los contratos observados en el ICHIFE y precisar cuáles fueron las empresas involucradas.

La existencia de 12 denuncias penales vinculadas con contrataciones del instituto no significa que todas estén dirigidas contra Ortega Ornelas. De acuerdo con la información de fiscalización disponible, varias se relacionan con documentos presentados por particulares para obtener contratos públicos.

Sin embargo, también resulta necesario establecer si los servidores públicos responsables de revisar los expedientes cumplieron sus obligaciones y si existieron omisiones que ameriten procedimientos administrativos.

La revisión debe responder preguntas concretas: quién autorizó los contratos, quién verificó los documentos, cuáles fueron los montos adjudicados, qué obras se ejecutaron y si se ocasionó algún daño al patrimonio público.

La salida del cargo no cancela la obligación de rendir cuentas

La posibilidad de que no se abra una investigación adicional contra el exdirector no elimina las denuncias existentes ni impide que las autoridades revisen su actuación si aparecen elementos que legalmente lo justifiquen.

Tampoco debe interpretarse la existencia de observaciones como una declaración anticipada de culpabilidad.

Corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y las instancias administrativas competentes establecer las responsabilidades de contratistas y funcionarios, con pleno respeto al debido proceso.

La exigencia de transparencia debe comprender tanto su paso por la Universidad Tecnológica de Paquimé como su administración al frente del ICHIFE.

Los recursos destinados a infraestructura educativa tienen como finalidad construir, rehabilitar y equipar espacios para estudiantes y docentes. Por ello, cualquier irregularidad relevante en su contratación merece una explicación documentada.

El esclarecimiento de estos expedientes requiere información pública sobre las cuantías observadas, el estado de las denuncias, las acciones de recuperación de recursos que procedan y las resoluciones emitidas.

Chihuahua necesita conocer qué ocurrió con los contratos señalados, quiénes intervinieron en su autorización y si las irregularidades detectadas fueron corregidas o sancionadas. La rendición de cuentas debe alcanzar a todos los responsables que determinen las investigaciones, independientemente de que continúen o no en el servicio público.