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LA PAZ, Baja California Sur, 29 de octubre de 2026.— El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se mostró visiblemente conmovido y rompió en llanto durante una conferencia de prensa, luego de ser cuestionado sobre el salario que recibe su hija, Marcela Castro López, como funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La controversia surgió tras difundirse información sobre las percepciones económicas de la funcionaria federal, quien ocupa el cargo de coordinadora normativa de Modernización y Competitividad, con una remuneración mensual bruta de 156 mil 855 pesos y un ingreso neto estimado de 109 mil 14 pesos.
En comparación, el gobernador registra una remuneración bruta mensual de 106 mil 799 pesos, lo que representa una diferencia superior a 50 mil pesos respecto al ingreso bruto de su hija. ZMG Digital
Al responder a los cuestionamientos, Castro Cosío defendió la trayectoria profesional de Marcela y aseguró que su contratación no dependió de su intervención política.
El mandatario explicó que su hija comenzó a trabajar en el Seguro Social antes de que él asumiera la gubernatura en septiembre de 2021, además de destacar su preparación académica y experiencia en organismos e instituciones públicas.
Durante su intervención, el gobernador perdió momentáneamente la voz al referirse a las críticas dirigidas contra su familia.
“Cuando se meten con tus hijas, tus hijos, con calumnias…”, expresó visiblemente emocionado, al insistir en que sus familiares tienen derecho a desarrollarse profesionalmente. zocalo.com.mx
El caso también generó cuestionamientos sobre la presencia de otros familiares del mandatario en dependencias gubernamentales. Castro Cosío reconoció que dos sobrinos y un yerno desempeñan cargos públicos, pero negó haber intervenido para favorecer sus nombramientos.
Asimismo, solicitó que la Contraloría estatal revise los casos y determine si existe alguna irregularidad administrativa.
La polémica ocurre en medio del debate nacional sobre la austeridad gubernamental, las remuneraciones de servidores públicos y los mecanismos para prevenir posibles conflictos de interés.
Aunque el parentesco con un funcionario no constituye por sí mismo una irregularidad, los nombramientos y percepciones económicas deben estar respaldados por procedimientos legales, perfiles profesionales y criterios transparentes.
Hasta ahora, los datos difundidos no acreditan que el gobernador haya intervenido directamente en la contratación de su hija.
El episodio abrió nuevamente la discusión sobre los estándares de transparencia que deben observar los gobiernos y las instituciones federales, particularmente cuando familiares de altos funcionarios ocupan puestos remunerados con recursos públicos.




