Escándalo en el INE: Cosmocolor, empresa beneficiada con contrato millonario, aparece vinculada a brindis de proveedores cercanos a Taddei

Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.-

Nuevos cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) surgieron tras difundirse información que relaciona a directivos de Cosmocolor, empresa integrante del consorcio que obtuvo un contrato millonario para producir credenciales de elector, con una reunión social en la que participaron personajes vinculados con la administración de Guadalupe Taddei Zavala.

Entre los asistentes identificados se encuentra Fernando Marón Kahwagi, vicepresidente de Cosmocolor, quien estuvo presente en un brindis organizado por José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su cercanía con la expresidenta del organismo electoral.

La controversia adquiere mayor relevancia porque Cosmocolor, junto con Talleres Gráficos de México e iCard Solutions, obtuvo la adjudicación del servicio de producción de credenciales para votar correspondiente al periodo 2026-2031, mediante un contrato superior a los mil millones de pesos.

El propio INE informó anteriormente que el consorcio encabezado por Cosmocolor ganó el procedimiento tras obtener una calificación técnica y económica de 97.18 puntos. Central Electoral

Sin embargo, la difusión de imágenes de reuniones entre empresarios y personas relacionadas con las contrataciones electorales ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, la independencia de los procedimientos administrativos y la intervención de terceros en decisiones que involucran recursos públicos.

Uno de los personajes centrales es José Alfredo Hernández Casillas, cuya presencia en reuniones sociales con funcionarios y empresarios ha colocado bajo escrutinio las relaciones personales desarrolladas alrededor de los contratos del instituto.

La interrogante principal es si esas relaciones tuvieron alguna influencia en la preparación de las bases, la evaluación de propuestas o la adjudicación de contratos.

A los cuestionamientos se agregan señalamientos sobre modificaciones en los requisitos de licitación, criterios de experiencia de los participantes y costos de algunos componentes tecnológicos de la credencial electoral, aspectos que deberán esclarecerse mediante revisiones documentales y procedimientos oficiales.

Ante la controversia, Cosmocolor solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinar el contrato y su procedimiento de adjudicación, además de manifestar su disposición para entregar la documentación correspondiente.

La empresa rechazó que personas ajenas a su estructura hubieran intervenido para conseguir la contratación y sostuvo que su participación se desarrolló conforme a la legalidad. Plano Informativo

Por su parte, la presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Yassahara Cruz García, anunció una revisión de los contratos celebrados durante la administración anterior, incluido el relacionado con la producción de credenciales electorales.

La revisión podría derivar en medidas administrativas e incluso en una eventual rescisión contractual, siempre que existan fundamentos jurídicos suficientes y se garantice la continuidad de los servicios electorales. Excélsior

Para Chihuahua, donde se prepara el proceso electoral de 2027, la controversia adquiere especial importancia, debido a que las credenciales de elector constituyen un instrumento fundamental para garantizar el derecho al voto y la identificación de millones de ciudadanos.

La revisión deberá determinar si las condiciones de contratación garantizaron competencia efectiva, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos, sin comprometer la producción y entrega de las identificaciones.

El caso también plantea un desafío institucional para el INE: recuperar la confianza pública mediante la revisión de sus contratos, el esclarecimiento de posibles conflictos de interés y la delimitación de responsabilidades.

Hasta el momento, la asistencia de empresarios a reuniones sociales y las relaciones personales señaladas no constituyen por sí mismas pruebas de corrupción ni acreditan que la licitación haya sido manipulada.

La responsabilidad de las autoridades fiscalizadoras será establecer si existieron irregularidades y, en su caso, identificar a los funcionarios o particulares involucrados.

El verdadero alcance del escándalo dependerá de los resultados de las auditorías, de la transparencia de los expedientes de contratación y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.