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El partido oficialista exige investigar los vínculos de la oposición con proveedores electorales señalados por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
CIUDAD DE MÉXICO, 01 de noviembre de 2026.—
La controversia por los contratos de proveedores electorales vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala abrió un nuevo frente político, luego de que Morena exhibiera un contrato por 21.2 millones de pesos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) otorgó a una de las empresas señaladas en las investigaciones.
A través de sus redes sociales, Morena difundió información del contrato C/SSA/0049-2019, mediante el cual el PRI contrató a Corporativo ZEG, S.A. de C.V., para suministrar materiales electorales utilizados durante su proceso interno de renovación de dirigencia nacional en 2019, cuando Alejandro Moreno Cárdenas resultó electo presidente del partido.
El documento establece un monto de 21 millones 201 mil 215 pesos por la elaboración y distribución de boletas, actas, tinta indeleble y otros insumos utilizados en las 32 entidades federativas.
La publicación oficialista sostiene que el PRI debe explicar sus relaciones comerciales con las empresas involucradas en el escándalo que provocó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, la existencia del contrato de 2019 no demuestra por sí misma irregularidades en la contratación del PRI ni responsabilidad en las operaciones que actualmente investigan las autoridades.
El señalamiento ocurre mientras el Órgano Interno de Control del INE investiga una presunta red de empresas relacionadas entre sí que habrían simulado competencia para obtener contratos millonarios de material electoral.
Entre las compañías mencionadas aparecen Corporativo ZEG, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, cuyos vínculos comerciales y societarios forman parte de las indagatorias.
El caso también tiene implicaciones para Chihuahua, debido a los antecedentes de contrataciones de proveedores de material electoral por organismos locales, lo que hace necesario revisar la transparencia de las adjudicaciones y sus mecanismos de fiscalización.
La nueva confrontación coloca tanto al oficialismo como a la oposición ante una misma exigencia: esclarecer la legalidad de los contratos, identificar posibles conflictos de interés y determinar responsabilidades con pruebas documentales.
Mientras avanzan las investigaciones, la discusión política se intensifica alrededor de quién contrató a las empresas, bajo qué condiciones y si existieron beneficios indebidos.
La transparencia electoral exige que las investigaciones alcancen a cualquier institución o partido involucrado, sin excepciones ni protección política.
Quadratín Noticias Chihuahua
La contratación por 21.2 millones está reportada en fuentes documentales; las presuntas irregularidades de la red de proveedores continúan siendo materia de investigación.




