“MIRA LO QUE HACEN”
En medio de la controversia por la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, la gobernadora de Chihuahua pidió a los panistas mantener la confianza en sus principios y concentrarse en sus responsabilidades. Evitó confrontaciones por las encuestas que involucran su nombre y el de Marco Bonilla.
CHIHUAHUA, Chih., 31 de octubre de 2026.— La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió un mensaje de unidad, confianza institucional y respeto a la legalidad a los integrantes del Partido Acción Nacional, en un momento de tensiones internas derivadas del proceso judicial que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.
Durante su llegada al Palacio de Gobierno, la mandataria destacó que los gobiernos emanados del PAN tienen la obligación de actuar conforme a los principios que asumieron al llegar al servicio público, independientemente de las circunstancias políticas que enfrenten.
Campos Galván sostuvo que el panismo debe mantener la esperanza y la confianza en sus instituciones, al tiempo que reiteró que los compromisos de gobierno deben estar sujetos al cumplimiento de la ley.
La declaración ocurre en un escenario especialmente complejo para Acción Nacional en Chihuahua, después de la detención de Jáuregui Moreno el pasado 17 de octubre, hecho que ha generado diferentes posicionamientos políticos y cuestionamientos sobre las relaciones entre integrantes del propio partido.
El exfiscal enfrenta procedimientos judiciales relacionados con su actuación durante un operativo en el municipio de Morelos, en el que participaron agentes estadounidenses y que derivó en una controversia sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad y cooperación internacional.
Evita confrontación por encuestas sobre Jáuregui
La gobernadora también fue cuestionada sobre la circulación de sondeos telefónicos en los que se pregunta a ciudadanos si ella o Marco Bonilla, alcalde con licencia de Chihuahua, habrían tenido alguna intervención política en la situación del exfiscal.
Campos confirmó que recibió información sobre la existencia de estas llamadas, pero decidió no profundizar en el asunto ni responsabilizar a alguna persona u organización.
En cambio, hizo un llamado a que los actores políticos concentren sus esfuerzos en el trabajo institucional y eviten prolongar las confrontaciones.
Hasta ahora no se ha establecido públicamente quién financió, diseñó o aplicó dichos sondeos, por lo que su contenido no constituye evidencia de intervención alguna en el procedimiento judicial.
El PAN enfrenta una prueba de cohesión política
La detención de Jáuregui representa un desafío para el panismo chihuahuense, no solamente por las implicaciones judiciales del caso, sino también por sus posibles efectos en la reorganización interna del partido rumbo a las elecciones de 2027.
El exfiscal había manifestado anteriormente su interés en participar en la contienda por la Presidencia Municipal de Chihuahua, lo que añade un componente político a las interpretaciones surgidas después de su detención.
En ese contexto, el posicionamiento de Maru Campos puede interpretarse como un llamado a evitar que las diferencias internas debiliten la capacidad de gobierno y la unidad partidista.
Sin embargo, el proceso judicial deberá resolverse en los tribunales, bajo los principios de presunción de inocencia, debido proceso y valoración de las pruebas presentadas por las partes.
La responsabilidad política de los distintos actores deberá distinguirse de las determinaciones que adopten las autoridades judiciales.
Para la administración estatal, el desafío inmediato consiste en mantener la continuidad institucional y evitar que las controversias políticas afecten la atención de las necesidades de los ciudadanos.
El mensaje de Maru Campos coloca a Acción Nacional frente a una definición importante: preservar la unidad interna sin comprometer los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública.
Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cercano, la manera en que el PAN enfrente sus diferencias y responda a los acontecimientos judiciales podría tener consecuencias en la configuración de sus próximos liderazgos y candidaturas.
La gobernadora ha optado, por ahora, por privilegiar un discurso de unidad y continuidad gubernamental, mientras el caso Jáuregui sigue su curso ante las instancias judiciales correspondientes.




