“Mira lo que hacen”
El vocero de los diputados morenistas, Arturo Ávila, responsabilizó a los partidos de oposición por el modelo de designaciones dentro del organismo electoral y defendió las investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas.
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2026.— La confrontación política por las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló este domingo, luego de que el diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, acusara al PRI y al PAN de haber construido y respaldado durante años el sistema de designaciones que ahora cuestionan.
Mediante un posicionamiento oficial, el legislador sostuvo que las modificaciones electorales aprobadas en 2014 concentraron en el INE la designación de los integrantes de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLES), mediante procedimientos que, a su juicio, favorecieron la permanencia de determinadas estructuras de poder.
Ávila señaló que aquella reforma fue respaldada por legisladores del PRI y del PAN, por lo que consideró contradictorio que actualmente ambos partidos cuestionen mecanismos institucionales que anteriormente promovieron.
El legislador también se refirió a la renovación del Consejo General del INE y recordó que el procedimiento de insaculación utilizado en 2023 para seleccionar consejeros electorales contó con respaldo político, incluido el del PAN.
En relación con las propuestas para modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Morena manifestó disposición para revisar las facultades de la presidencia del INE, particularmente las relacionadas con la designación de funcionarios.
Sin embargo, advirtió que el artículo 105 constitucional establece restricciones para realizar modificaciones fundamentales a las leyes electorales durante los 90 días anteriores al inicio de un proceso electoral y mientras este se desarrolla.
Por esa razón, el grupo parlamentario considera que cualquier reforma deberá respetar los tiempos constitucionales y evitar afectaciones al proceso electoral 2026-2027.
Exigen revisar contrataciones y posibles irregularidades
Otro de los puntos centrales del posicionamiento fue la exigencia de continuar las investigaciones relacionadas con contrataciones, manejo de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas dentro del organismo electoral.
Ávila mencionó antecedentes de investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica desde 2021, actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2023 y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
También aseguró que el Órgano Interno de Control del INE cuenta con 16 expedientes relacionados con posibles irregularidades, algunos de cuyos antecedentes, según su exposición, se remontarían a 1999.
Estas afirmaciones corresponden al posicionamiento político del legislador y no constituyen por sí mismas resoluciones que acrediten responsabilidades administrativas o penales.
El diputado defendió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, independientemente de la militancia partidista o de los funcionarios involucrados.
En la parte más crítica de su mensaje, acusó al PRI y al PAN de pretender presentarse como víctimas de una estructura electoral que, según su interpretación, contribuyeron a construir y sostener durante décadas.
La controversia se desarrolla cuando el INE se prepara para las elecciones de 2027, proceso de especial importancia para Chihuahua, donde estarán en disputa la gubernatura, los ayuntamientos, las diputaciones locales y otros cargos de representación popular.
La discusión sobre la autonomía del instituto, los mecanismos de nombramiento y la fiscalización de los recursos públicos anticipa un nuevo escenario de confrontación entre Morena y los partidos de oposición, mientras permanece abierta la exigencia de que cualquier señalamiento de corrupción sea investigado con pruebas, legalidad y respeto al debido proceso.
Quadratín Noticias Chihuahua
Nota elaborada a partir del comunicado difundido por Arturo Ávila el 1 de noviembre de 2026. El contexto sobre la discusión de las facultades de la presidencia del INE tiene antecedentes públicos.




