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La Fiscalía General de la República aclaró que la resolución otorgada al exgobernador de Baja California no significa su absolución ni la cancelación del proceso penal por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre de 2026.—
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará sujeto a proceso penal por su presunta participación en delitos relacionados con hidrocarburos, pese a que una jueza federal le concedió una suspensión definitiva el pasado 29 de octubre.
Mediante el comunicado oficial 770/26, la dependencia federal precisó que la resolución judicial no representa el cierre de la investigación ni elimina la vinculación a proceso dictada previamente contra el exmandatario estatal.
La FGR explicó que la suspensión tiene efectos específicos dentro del procedimiento: una vez concluida la etapa intermedia, se detendrá temporalmente el avance hacia el juicio oral, mientras se resuelve el amparo promovido por la defensa.
Esto significa que Ruffo Appel no ha sido absuelto y que las acusaciones formuladas en su contra permanecen vigentes.
El exgobernador enfrenta señalamientos relacionados con una presunta red de contrabando de combustibles, además de posibles delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente de amparo 1085/2026.
El recurso judicial busca controvertir la vinculación a proceso dictada durante julio, cuando las autoridades federales presentaron elementos de investigación relacionados con presuntas operaciones irregulares en el comercio y transporte de hidrocarburos.
Como antecedente, la Fiscalía había señalado que las investigaciones permitieron identificar una estructura que presuntamente utilizaba ferrotanques para el movimiento de combustibles, mediante una empresa vinculada con actividades portuarias y de la cual Ruffo Appel figura como accionista.
El exmandatario permanece sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva que cumple en su domicilio, después de que una autoridad judicial autorizó ese cambio por razones humanitarias relacionadas con su edad y condiciones de salud.
La Fiscalía reiteró que continuará las investigaciones hasta esclarecer los hechos y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables.
El caso mantiene relevancia política por tratarse de quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.
Por ahora, la suspensión concedida constituye una medida de protección judicial cuyos alcances deberán determinarse en el procedimiento de amparo, sin que exista una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal del exgobernador.
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